Australia implementó una política que, a partir del 10 de diciembre de 2025, prohíbe a los menores de 16 años crear o mantener cuentas en redes sociales, obligando a las plataformas a aplicar sistemas externos de verificación de edad. La autodeclaración ya no es aceptada, y las empresas deberán eliminar los datos utilizados en el proceso una vez completado. Quienes no cumplan enfrentarán multas millonarias, lo que ya provocó el cierre de perfiles sospechosos. Aunque el gobierno afirma que la ley busca proteger a los jóvenes, varios expertos dudan de su efectividad. También señalan que los adolescentes podrían saltarse la norma usando VPNs, cuentas falsas o perfiles compartidos. Además, la regulación no cubre otros espacios digitales riesgosos, como webs de citas, videojuegos con chat o servicios de IA. Aun así, compañías como Meta, Snap y TikTok han asegurado que cumplirán, aunque advierten sobre los desafíos técnicos. La ministra Annika Wells reconoce que la implementación será complicada. Sin embargo, insiste en que estas medidas son necesarias ante los crecientes riesgos digitales. Este debate ha generado preocupación sobre la privacidad y el manejo de datos.
La política australiana ha llamado la atención mundial porque es la primera prohibición total de redes sociales para menores de 16 años. Otros países han tomado medidas más limitadas para proteger a los jóvenes, pero ninguna tan estricta. En Reino Unido, las empresas pueden recibir fuertes sanciones si no protegen a los menores del contenido ilegal o dañino. En muchos países europeos, los adolescentes solo pueden usar redes sociales con autorización de sus padres. Francia ha recomendado prohibirlas para menores de 15 años y establecer un “toque de queda” digital para jóvenes de hasta 18. Dinamarca también planea vetar el acceso a menores de 15 años. Noruega está considerando una propuesta parecida. España discute una ley que exigiría permiso legal para los menores de 16. En Estados Unidos, Utah intentó aplicar una medida similar, pero fue bloqueada por un juez federal. El caso australiano podría influir en futuras decisiones internacionales sobre la seguridad digital juvenil.
